Feminazi analiza propuesta quintanarroense

La Correctora
6 de mayo a las 20:18 ·
[Quintana Roo]

Este titular es un ejemplo de cómo nos venden nuestra pérdida de derechos como algo bueno. No, la iniciativa no procura garantizar atención médica de mujeres, al contrario, nos las quita y pone nuestra salud en riesgo. Esto se ha visto anteriormente en otros lugares, en donde se aprueban leyes que hacen parecer que se está apoyando a las personas, pero en realidad se les están limitando sus derechos. En este caso, algo tan sencillo como un aborto dentro de las primeras 12 semanas de gestación que se puede realizar con pastillas en casa o en una pequeña clínica por personal capacitado, solo se podría hacer en un hospital del Estado por un gineco-obstetra, lo que implica una práctica más compleja. A parte el gineco-obstetra puede negarse a practicarlo. Y si la interrupción del embarazo se realiza de cualquier otra forma y es practicado por alguien que no sea específicamente gineco-obstetra, entonces a las personas involucradas se les puede imponer de seis a dos años de prisión. Así, en realidad lo que se busca no es mejorar las condiciones de las personas, sino criminalizarlas.

Recientemente la diputada independiente Teresa Sonia López Cardiel, Presidenta de la Comisión de Salud y Asistencia Social y Secretaria de l Comisión de Derechos Humanos (!!! — al terminar de leer esta publicación se preguntarán cómo alguien con esos cargos puede apoyar algo que van en contra de nuestra salud y nuestros derechos) presentó una iniciativa para reformar el código penal y la ley de salud del estado de Quintana Roo. Escuchando su lectura da la impresión de que ella cree estar ayudando a las mujeres y yo no sé si su intención sea seguir quitándonos más derechos y poner en riesgo nuestra salud o si simplemente tanto ella como su equipo de trabajo sean tan incompetentes que no se den cuenta de lo que están pidiendo, pero es un hecho que sus ideas disfrazadas de buenas son en realidad bastante peligrosas. Yo resumiría la iniciativa de la diputada a: “quiero que tengan todos los derechos, pero voy a limitarlos, y si alguien no quiere dárselos, pues ni modo. Y quiero que tengan acceso a esos derechos, pero para acceder a ellos tienen que pasar por una serie de situaciones tan complicadas que probablemente las hagan desistir, y si no desisten, les vamos a quitar otros derechos.”

Leí algunos artículos respecto a este tema, pero regresaré a la fuente original, la iniciativa de decreto entregada el 31 de octubre del 2018 y un video en el que explica su iniciativa frente al congreso el 13 de marzo de este año para que ustedes vean exactamente cuál es su propuesta y por qué nos pone en peligro.

Quiero comenzar explicando que una de las causales para permitir la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) es que la persona haya sido violada. De acuerdo a la Norma Oficial Mexicana 046, el aborto está permitido en TODAS LAS ENTIDADES FEDERATIVAS cuando el embarazo es producto de una violación, y NO es necesario haber denunciado dicha violación para acceder al la ILE. Sin embargo, la iniciativa de la diputada describe como aborto no punible “cuando se compruebe que (la violación) haya sido denunciada ante el Ministerio Público y que se cuenta con el dictamen del médico legista en donde se establece la existencia de lesiones que lo puedan suponer…” O sea que no basta con haber sido violadas, sino que tenemos que hacer nuestra violación pública, tenemos que perder tiempo en la fiscalía y probablemente ponernos en riesgo, y a parte debemos dejarnos revisar por un médico legista que va a decidir si se usó o no suficiente violencia para considerarlo violación. Y si después de una violación nos sentimos tan mal que no queremos salir de casa al instante y cualquier lesión llega a sanar, pues ni modo. No podremos tener un aborto legal.

Para facilitar las cosas, citaré el video. Después de saludar, la diputada comienza diciendo "Se presenta la siguiente iniciativa por las siguientes razones: Hoy en día en Quintana Roo, nuestro código penal establece ciertas causales por las cuales no es penado practicarse un aborto. Como por ejemplo una violación, malformaciones en el producto y peligro en la vida de la mujer. Sin embargo aún y existiendo estas posibilidades en que las mujeres pueden recurrir a éste método, podemos observar que en nuestra ley de salud estatal no se establecen los derechos y garantías que deben de tener al acceder a este procedimiento. En palabras más concretas, queremos proponer el reconocimiento legal y la realización del aborto con carácter de no punible como un servicio público de calidad que deba otorgarse de forma humana, gratuita, de calidad y sin discriminación”

Oh, si. Suena super bonito… peeero

“Se establecen dentro de éste apartado también los derechos de los médicos objetores de conciencia que por diversas circunstancias no realicen el aborto.”

¿O sea que vamos a tener acceso al aborto, pero si los médicos deciden que no nos quieren atender, pues no tendremos acceso al aborto? Hmmmkey.

“Dentro del código penal estamos incluyendo la definición del aborto no punible como aquel que se deba de realizar por las causas en que el código penal las permite. Realizado por un gineco-obstetra y en un hospital perteneciente a alguna institución de salud pública en el Estado”

Esto puede sonar muy bonito y lógico para alguien que nunca haya escuchado en qué consiste un aborto dentro de los primeros 90 días de gestación. Pero quienes sabemos que la Interrupción Legal del Embarazo se practica en casa con pastillas, en pequeñas clínicas con personal capacitado, en hospitales privados, etc. y no necesariamente por gineco-obstetras en hospitales públicos, entendemos que esto limita considerablemente el acceso al aborto y por lo tanto empuja a las personas a practicarlo de forma clandestina, poniendo nuestras vidas en riesgo. Así, se está usando algo que ya es legal para limitarlo al punto de llevarnos a la clandestinidad, pero pretende hacerlo por nuestro bien.

“Estamos proponiendo que en las penas que establece el artículo 93, se penalice tanto a la mujer como al hombre cuando ambos han manifestado su consentimiento en que se realice su aborto fuera de las posibilidades que otorga el código penal, ya que anteriormente sólo se penaba a la mujer. Y en mi opinión, el castigo debe de ser para ambos, de existir su consentimiento.

Cuando hablamos de “equidad” o “igualdad” es porque queremos derechos, no porque queramos que les quiten derechos a otras personas. Así, no queremos un castigo para hombres, queremos que las personas tengan acceso a la Interrupción Legal del Embarazo. Punto.

“Modificando el artículo 94, se pretende que quien haga abortar a una mujer con violencia no tenga la oportunidad de que su pena sea conmutada, por lo que propongo como pena mínima 6 años. Y la misma proponemos para quien realice, intervenga o participe en un aborto no siendo ginecobstetra."

De nuevo, en el mundo real los abortos, específicamente si estamos hablando de interrupción del embarazo antes de los 90 días de gestación, no se realizan por gineco-obstetras. De hecho es más seguro con medicamentos, pero en un hospital solo podría llevarse a cabo un legrado, que es una práctica que la OMS ha recomendado erradicar.

“Estamos también incluyendo que la mujer que recurra a ésta práctica estando dentro de los supuestos de no punibilidad que permite el código penal, reciba un tratamiento integral para curar las secuelas físicas y psicológicas, así como tomar un curso en materia de planificación familiar que imparta la autoridad de salud en el Estado“

Aquí simplemente se está reforzando un estereotipo FALSO sobre supuestas secuelas en las mujeres que se practican un aborto. Practicarse un aborto es mucho más seguro que continuar con un embarazo (casi 15 veces más, pues de acuerdo a estudios, hay 0.6 muertes por 100,000 abortos comparado con 8.8 muertes por 100,000 nacimientos), o que consumir algo como viagra (5 muertes por cada 100,00 recetas), lo cual se puede tomar sin problema alguno. Y aunque obviamente es una decisión difícil para muchas, y puede ser triste, la mayoría de las mujeres sienten un alivio al lograr detener un embarazo no deseado.

“Por último, buscamos incluir como una causa en la que realizarse un aborto no sea penado: la situación socio-económica justificada y grave, debidamente analizada y comprobada por la autoridad de salud en el estado, misma que imposibilite a los progenitores el poder otorgar al ser en camino una vida digna. El derecho a vivir en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo integral: educación, salud entre otros derechos ya reconocidos a favor de los niños y las niñas. Buscando evitar que más niños se encuentren en situación de calle, pobreza extrema, sean forzados a trabajar, siendo explotados en todas las formas, con falta de educación sin poder disfrutar de condiciones libres de vivir y en muchas ocasiones sin tener identidad ni dignidad. No queremos abrir una puerta con esto para que cualquiera manifestando encontrarse en pobreza pueda abortar. Por lo que se propone también que quien ya se haya sometido al aborto en una ocasión por esta causa y quiera hacerlo de nueva cuenta deba aceptar aplicarse un método anticonceptivo definitivo, ya que no es congruente convertir esta posibilidad, como lo he mencionado, en un método anticonceptivo.

Ok. Esto me resulta super peligroso y cae en la práctica violatoria de derechos humanos de esterilización. Parece algo que se le ocurrió a Susanita de Mafalda y no a una legisladora. Para empezar que quede claro que no se intenta esterilizar a cualquier mujer, solo a las que hayan demostrado extrema pobreza. O sea que esto va dirigido específicamente a esterilizar a las mujeres pobres. Y digo esterilizar, porque aunque la diputada usa la frase poco clara pero más suave “método anticonceptivo definitivo”, de acuerdo al IMSS, eso significa la OTB o ligadura de trompas, que consiste en cortar las trompas uterinas y ligarlas.

"Además que se busca proteger y salvaguardar la salud de la mujer, encontrándonos dentro del entendido de que el sometimiento a la práctica del aborto resulta altamente desgastante para su salud física, además de que en cada intervención corre peligro su vida. Por un Quintana Roo saludable.”

Esto es totalmente falso. Son datos de algún grupo anti-derechos que una diputada presidenta de la comisión de salud está repitiendo, mientras ignora datos oficiales, estudios sobre salud, y la realidad de las mujeres en Quinta Roo cuyos derechos serán vulnerados si una iniciativa así llega a pasarse.